El Gobierno de Xi Jinping dispuso que los creadores de contenido que hablen sobre temas como medicina, economía o derecho deberán tener un diploma universitario.

El auge de los influencers en China desató una regulación sin precedentes. Los organismos oficiales del gigante asiático establecieron una nueva norma que obliga a los creadores de contenido a acreditar formación profesional si desean hablar sobre temas considerados de interés público. 

La medida impulsada por el Departamento de Ciberespacio, el Ministerio de Radio y Televisión, y el Ministerio de Cultura y Turismo alcanza a áreas como la salud, el derecho, la economía, la educación y el medioambiente. En todos los casos, los influencers deberán presentar títulos universitarios, certificados técnicos o licencias profesionales antes de empezar a publicar.

Las plataformas digitales serán las encargadas de verificar la información de manera previa a autorizar la difusión de los contenidos. En caso de incumplimiento, se prevén sanciones que van desde la eliminación de publicaciones hasta multas económicas y restricciones de acceso a las cuentas. 

El control de la información en el entorno digital

Las autoridades chinas sostienen que la intención es combatir la desinformación y garantizar la calidad de los contenidos que circulan en línea. Por eso, las publicaciones deberán incluir etiquetas que indiquen si provienen de fuentes certificadas y reflejar con claridad la identidad del creador.

De esta forma, China se convirtió en el primer país del mundo en imponer una exigencia académica para ejercer como influencer. La decisión despertó debate a nivel internacional, ya que enfrenta dos conceptos centrales: la libertad de expresión y la verificación de información.

Mientras algunos consideran que la medida busca proteger a los usuarios, otros advierten que podría convertirse en un mecanismo de censura encubierta, especialmente en un contexto donde las redes sociales ya operan bajo fuertes controles estatales.

 Antecedentes y una estrategia más amplia

Estas regulaciones forman parte de una “nueva fase de gobernanza digital” que China impulsa desde la sanción de la Ley de Ciberseguridad en 2016. La normativa establece multas de hasta 100.000 yuanes (unos U$S 14.000) para quienes incumplan las políticas de verificación. 

El cambio también se enmarca en la campaña Qinglang (Claro y Brillante), que busca promover un ecosistema digital “seguro y profesional”. Además, complementa las Normas de Conducta para Streamers de Internet, aprobadas en 2022, que fijaron límites para el contenido en directo.

La Asociación China de Artes Escénicas reforzó esta línea en 2025, al publicar un informe que exige acreditar formación o experiencia certificada para hablar en plataformas como Douyin o Kuaishou. A esto se suman nuevas regulaciones sobre inteligencia artificial, que obligan a etiquetar los contenidos para evitar “expertos falsos” generados por esa tecnología