Sebastián Des Pareja se desempeña como Diputado Nacional y es el presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia de Buenos Aires. Se vendía como el principal armador político del espacio libertario en territorio bonaerense. Cobra del Estado desde 2005. Lule Menem lo acercó al espacio hasta coló en las candidaturas a su ex chofer. Su sueño era ser gobernador en 2027, hoy una utopía,  ante su debil idea de armado y un PRO cada vez más fuerte.

Lo que era la gran promesa de batalla cultural y armar la provincia de Buenos Aires, con representatividad de la Libertad Avanza, fracasó a los dos años del gobierno libertario, fue allí que ante los reproches de sus jefes,  echó en cara sobre las afiliaciones partidarias de cada distrito que hizo posible la formación del partido; olvidando mencionar pequeño detalle: que las afiliaciones, las llevaron a cabo punteros, que el mismo usó con  promesas que al correr del tiempo se evaporan como toda artimaña demagógica que intenta vender ante el entorno del presidemente Javier  Milei.

Como último intento Pareja, prometió armar un sello de goma “Agrupación La Purpura”, prometiendo reclutar abogados para candidatearse ante los colegios de la provincia de Buenos Aires, gritando a cuatro vientos que los profesionales, libertarios serían tenidos en cuenta para contratos, como si la mayoría de abogados habrían estudiados años para esperar trabajar para el presidemente. El resultado: un fracaso; los profesionales tienen memoria  y saben que la administración de Milei, jamás contrató  para elaboración, asesoramiento de ley bases y reforma laboral abogados de “La Purpura” y además ya son 30 los colegios de abogados que accionaron legalmente contra estas medidas.

La Agrupación Purpura, nunca fue tenida en cuenta a la hora de contrtar abogados

En el armado técnico de la reforma laboral y los proyectos iniciales que componen la Ley Bases, el desgobierno del presidemente  Milei contrató equipos de asesores y especialistas legales con trayectoria corporativa. Los principales referentes técnicos y legales destacados en el proceso fueron: Julio Cordero: secretario de Trabajo de la Nación, representante legal del Grupo Techint, quien intervino fuertemente en el articulado laboral. Julián de Diego: abogado laboralista que actuó como asesor externo para la redacción de los borradores de la reforma. Estudio Funes de Rioja: El bufete liderado por el expresidente de la UIA (Unión Industrial Argentina), Daniel Funes de Rioja, participó en la confección de las directrices y el texto original que sirvió de base para la reforma. Federico Sturzenegger: ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien junto a asesores técnicos como Lucas Ponte, coordinó la redacción general de las normativas de desregulación.

Para la estrategia de caso de YPF, tampoco contrató   abogados de Agrupación “La Purpura”. El Estado argentino, contrató a un estudio de abogados de Estados Unidos. Se trata del bufete internacional Sullivan & Cromwell, representado principalmente por los socios Robert Giuffra Jr. y Sergio Galvis. Ellos fueron los encargados de llevar adelante la estrategia judicial en los tribunales de Nueva York en la causa por la expropiación de YPF, logrando que la Cámara de Apelaciones revocara una condena que obligaba al país a pagar más de US$16.000 millones. Tras el fallo, el propio presidente recibió al equipo legal estadounidense en la Casa Rosada para expresar su reconocimiento.

El fallido armado de Pareja nació como una pertenecían en los Colegios de Abogados, aunque se intentó extender a otros rubros como martilleros, médicos, ingenieros y arquitectos

Rebelión judicial: Colegios de abogados  

Colegios de abogados de toda la Argentina presentaron una acción judicial conjunta para frenar la aplicación de artículos clave de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La medida profundiza la tensión entre el Poder Ejecutivo y el sector judicial tras la aprobación definitiva de las normativas de desregulación laboral y la Ley Bases

Frente federal contra los cambios laborales

La fuerte reacción de la abogacía organizada cobró impulso ante lo que consideran un avance sobre los derechos de los trabajadores y el ejercicio profesional. La ofensiva legal fue coordinada por casi una treintena de instituciones colegiadas de distintas provincias. Decidieron recurrir a los tribunales frente a lo que calificaron como una "postura tibia" de las conducciones centrales del Colegio Público de la Capital Federal (CPACF) y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).

Los artículos cuestionados judicialmente tocan de forma directa la regulación de los honorarios y las penalidades procesales. Las entidades denuncian que se vulnera el carácter "alimentario" de los ingresos de los profesionales y se limita de manera drástica el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables.

Pareja a través de "La Púrpura", intenta iniciativas oficiales de desregulación y la polémica propuesta de Milei para eliminar la matriculación obligatoria a nivel nacional, lo que desató un fuerte malestar en sectores tradicionales de la abogacía. La presentación de los colegios de abogados se fundamenta en sólidos argumentos constitucionales. Afectación de honorarios: se rechaza el tope a las regulaciones y la posibilidad de abonar los honorarios profesionales en cuotas, afectando su subsistencia. Vulneración federal: Sostienen que el Congreso de la Nación no tiene facultades delegadas por las provincias para legislar sobre normas procesales locales de manera restrictiva. Ataque institucional: La tensión ya venía escalando desde que el presidente Milei tildara públicamente de "caranchos" a los abogados laboralistas, acusándolos de sostener una supuesta "industria del juicio".

El escenario actual anticipa una larga batalla en los tribunales, con una lluvia de amparos y planteos de inconstitucionalidad que prometen escalar rápidamente hasta la máxima instancia judicial del país.